Educación en Chile:
Entre la continuidad y las rupturas. Principales hitos de las políticas
educativas
Juan Miguel Valenzuela *
Pía Labarrera **
Paula Rodríguez ***
* Profesor de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana
de Ciencias
de la Educación (UMCE), Chile, y docente de la cátedra
Metodología de la Investigación para
las carreras de Educación Parvularia y Educación
Diferencial de la Universidad Ciencias de
la Informática (UCINF), Chile.
** Docente y coordinadora de Prácticas Profesionales para
la carrera de
Educación Parvularia en la UCINF, Chile.
*** Docente y coordinadora académica para la jornada diurna
de la carrera de
Educación Parvularia en la UCINF, Chile.
SÍNTESIS: En el presente artículo pretendemos realizar un
recorrido por la historia reciente de las políticas de educación
en Chile, centrándonos principalmente en los elementos de continuidad
y ruptura que han sido característicos de este proceso. La herencia del
gobierno militar no solo ha dejado su huella en la conciencia colectiva de un
pueblo, sino también en la continuidad de un modelo macroeconómico,
sustentado en los principios del libre mercado, lo que ha debilitado sistemáticamente
la influencia del Estado en temas tales como previsión social, salud y
educación. La privatización de la educación en Chile se
ha constituido en uno de los elementos clave que caracterizan nuestro sistema
educativo, y ha acrecentado la brecha existente entre la educación a la
que accede la población con mejores ingresos y aquella que reciben los
sectores más vulnerables. Con el retorno a la democracia se ha puesto énfasis
en la necesidad de contar con un sistema educativo capaz de asegurar calidad
y equidad, pretendiendo así acortar la brecha social por medio de la educación,
sin que ello signifique un quiebre con la estructura neoliberal imperante. De
esta forma, nos encontramos con políticas que buscan cambios significativos
a nivel de logros de aprendizajes, sin que esto implique reformas sustanciales
en la estructura administrativa existente. Una política que le atribuye
a la educación la responsabilidad de acortar la brecha social que el modelo
económico no ha sido capaz de subsanar.
Palabras clave: políticas educativas; educación en Chile; neoliberalismo;
reformas educativas.
SÍNTESE: No presente artigo pretendemos realizar
um percurso pela história recente das políticas de educação no Chile,
centrando-nos, principalmente, nos elementos de continuidade e ruptura que caracterizaram
este processo. A herança do governo militar não somente deixou
sua marca na consciência coletiva do povo, como também na continuidade
de um modelo macroeconômico, sustentado nos princípios do livre
mercado, o que debilitou sistematicamente a influência do Estado em temas
tais como a previsão social, a saúde e a educação.
A privatização da educação no Chile constituiu-se
num dos elementos-chave que caracterizam nosso sistema educativo, e aumentou
a brecha existente entre a educação à que acede a população
com melhores receitas e aquela que recebem os setores mais vulneráveis.
Com o retorno à democracia, pôs-se ênfase na necessidade de
contar com um sistema educativo capaz de garantir qualidade e eqüidade,
pretendendo assim estreitar a brecha social por meio da educação,
sem que isso signifique uma quebra na estrutura neoliberal imperante. Desta forma,
encontramo-nos com políticas que buscam mudanças significativas
no âmbito das conquistas de aprendizagens, sem que isto implique reformas
substanciais na estrutura administrativa existente. Uma política que lhe
atribua à educação a responsabilidade de estreitar a brecha
social que o modelo econômico não foi capaz de remediar.
Palavras-chave: políticas educativas; educação no Chile;
neoliberalismo; reformas educativas.
Abstract: In this article, we will try to go through the
recent history of educational policies in Chile. We will mainly
focus on the elements of continuity and of rupture that have been
characteristic of this process. The inheritance left by the military
government not only left a mark in the collective consciousness
of the people, but also left a mark in the continuity of the macroeconomic
model based on the principles of free market. This has systematically
undermined the influence of the Commonwealth in issues like social
security, health and education. The privatization of Chilean education
has become one of the characteristic elements of our educative
system, and it has widened the gap between the education available
to sectors with higher income, and the education received by the
unprivileged parts of society. Since the return of democracy, the
need for an educative system that is able to ensure quality and
equity has been underlined, trying to narrow the social gap by
the means of education, without producing a rupture with the prevailing
neoliberal structure. In this way, we face policies that aim at
achieving considerable changes in learning, without entailing important
reforms to the current managing structure. These policies make
education responsible for narrowing the social gap that the economic
model cannot rectify.
Key words: educational policies, education in Chile, neoliberalism,
educational reforms.
1. Introducción
La historia reciente de nuestro país se ha visto influenciada,
en todos sus aspectos, por dos fuerzas en permanente tensión:
por un lado el deseo de continuar con las políticas macroeconómicas
heredadas del régimen militar y, por otro, la urgente necesidad
de generar cambios que permitan mejores condiciones de vida para
sus habitantes. Es importante recordar, asimismo, la influencia
ejercida por la economía chilena, en tanto precursora de
la aplicación de un modelo neoliberal, en países
en vías de desarrollo.
Desde este punto de vista, también las políticas
educativas han evidenciado una permanente tensión entre
la continuidad de un modelo neoliberal aplicado a la educación
y las crecientes demandas por un sistema que potencie la calidad
y la equidad, independiente de las condiciones socioeconómicas
en la cual se desarrolle.
Para poder entender lo que ha sucedido con la educación
en Chile, es necesario contextualizarla dentro de los diferentes
cambios sociales que han estado presentes en estos últimos
veinticinco años, y recordar primeramente, que al igual
que muchos otros países de Latinoamérica, Chile ha
experimentado un proceso de transición, desde un régimen
militar a un sistema democrático de gobierno. Sin duda,
nuestra historia reciente desde el punto de vista político,
económico, cultural y social, se encuentra determinada por
estos grandes acontecimientos históricos: la irrupción
de un gobierno militar y el retorno de la democracia.
2. Antecedentes del contexto histórico
La política educacional del gobierno de la Unidad Popular
(1970-1973), se sustentaba en un proyecto de escuela nacional unificada,
con una fuerte influencia estatal, orientado por un ideal democratizador
de la educación, tendiente a fortalecer los principios y
valores de una nueva sociedad que se abría paso gracias
al triunfo de un socialismo democrático.
La brusca llegada del gobierno militar en 1973 puso término
a este corto período de profundos cambios estructurales
en educación, y produjo un estancamiento de las reformas
y proyectos que se habían venido gestando desde el gobierno
anterior, lo que se vio reflejado en una baja sustancial de la
inversión en el área educativa, la cual pasó de
un 7,5% a un 2,6% del producto interno bruto.
Dentro de la serie de cambios que se comienza a gestar a partir
de esta ruptura del Estado de derecho, se destacan dos elementos
fundamentales que caracterizaron la gestión realizada durante
el régimen militar; por una parte, el interés por
reducir el tamaño del Estado, y, por otra, la redefinición
del currículo nacional.
2.1 Reducción del estado: el estado SUBSIDIARIO
En este período, junto con la consolidación del modelo
económico imperante se establece un conjunto de medidas
tendientes a descentralizar y disminuir la acción del Estado
en educación. Esto da pie a un nuevo esquema, aún
vigente, que es el del Estado subsidiario, en el cual este deja
de ser responsable directo de las escuelas del país.
Desde este esquema de Estado subsidiario se pretende que los
colegios particulares garanticen la ampliación de oportunidades de
acceso a la educación, extendiendo sus beneficios a toda
la población. Fundamentalmente, bajo el principio de libertad
de enseñanza, se pretende que la oferta educacional permita
a los padres elegir el lugar donde quieren que sus hijos estudien.
En su nuevo rol, el Estado deja de ser rector para transformarse
en un ente orientador. De esta manera, se entregan aportes de subvención
con cargo a los presupuestos del Estado a las escuelas que, siendo
propiedad de particulares –escuelas particulares subvencionadas–,
brindan educación a los sectores más vulnerables
de la población.
La estructura administrativa del Estado subsidiario ha permanecido
hasta la fecha como uno de los ejes característicos de nuestro
sistema educativo, y se manifiesta en la fuerte acción que
tienen hoy las instituciones privadas que, como ya se dijo, subvencionadas
con los aportes de dineros recibidos del Estado, imparten educación
en todos los niveles.
2.2 Redefinición del currículo
nacional
El segundo hito importante de destacar es la redefinición
del currículo nacional, que se realiza inmediatamente después
del golpe militar. En esta redefinición se excluyen materias
específicas, que a juicio de los gobernantes incluían
ideologías contrarias al régimen imperante, se eliminan
el debate, la participación y el pluralismo, dejando fuera
de la escuela la búsqueda abierta de los sentidos y los
conocimientos, estableciéndose un sistema basado fundamentalmente
en la acumulación de contenidos. Se inicia con esto un empobrecimiento
progresivo de la experiencia educativa dentro del aula.
Una nueva etapa de cambios se comienza a gestar en los años
ochenta. En este período, junto con la consolidación
del modelo económico imperante, se establece otro conjunto
de medidas tendientes a descentralizar y reducir aún más
la acción del Estado en el ámbito de la educación.
En 1980 se inicia el traspaso de los colegios fiscales a los
municipios, medida con la que se da término a las escuelas públicas,
dando origen a tres tipos de establecimientos, los cuales han permanecido
como exponentes de nuestro sistema educativo.
- Escuelas municipales:
financiadas por el Estado, pero de propiedad y administración
de los municipios.
- Escuelas particulares subvencionadas:
financiadas por el Estado, pero de propiedad y administración
privada, particulares o fundaciones.
- Escuelas particulares
pagadas: financiadas por los padres y apoderados.
De esta forma, de 1.674 colegios particulares subvencionados
que había en 1980, la cifra se incrementa a 2.643 en 1985. El
incentivo económico fue uno de los elementos que fomentó la
creación de nuevos establecimientos particulares, puesto
que desde ese momento la educación pasó a ser considerada
como un negocio del cual podía participar cualquier chileno
que contara con los recursos de infraestructura necesarios. En
la actualidad, más de la mitad de los establecimientos de
nuestro país (56%) corresponde a escuelas particulares subvencionadas.
Justo al término de este período y en los inicios
del retorno a la democracia, el gobierno saliente reúne
todas las líneas de acción en educación en
una nueva legislación, que enmarcará las acciones
futuras en materia curricular. El último día del
gobierno militar se promulga la Ley n.º 18.962 del 11 de marzo
de 1990, Orgánica Constitucional de Enseñanza (loce),
que instituye definitivamente esta nueva relación entre
el Estado y la educación, bajo el principio de descentralización
curricular. La loce establece que le corresponde al Ministerio
de Educación, previa aprobación del Consejo Superior
de Educación, definir los objetivos fundamentales y los
contenidos mínimos para cada uno de los años de estudio
de la enseñanza básica y media, lo que faculta a
los establecimientos educacionales para elaborar planes y programas
propios a partir de estos requerimientos mínimos.
La loce materializa los principios educacionales del Estado contenidos
en la Constitución de 1980, en donde se establece que corresponde
preferentemente a «los padres de familia», el derecho
y el deber de educar a sus hijos. El Estado, desde esta perspectiva,
debe proteger el derecho, resguardando la libertad de enseñanza
y financiando un sistema de educación gratuito, para asegurar
el acceso de la población a la educación. Con la
promulgación de esta ley el régimen dictatorial buscó establecer
un dispositivo legal, difícilmente modificable, que asegurara
en el futuro una acción limitada y controlada del Estado
en materia educativa.
En definitiva, antes de la llegada de la democracia en Chile,
el panorama de la educación estaba marcado por el escaso control
del Estado sobre los establecimientos, junto con una creciente
privatización de la oferta educativa, financiada en su gran
mayoría por medio de una subvención estatal.
Si bien la Constitución Política de la República
de Chile garantizaba el derecho a la educación, no establecía
el derecho a sistemas educativos de calidad, de manera que la libre
regulación de la oferta educativa no aseguraba por sí misma
que todos pudieran acceder a una educación del mismo nivel.
La implementación de estas políticas, basadas fundamentalmente
en los principios de una economía neoliberal, no logra,
por lo tanto, cumplir con los objetivos propuestos en sus inicios.
Las grandes diferencias sociales existentes en nuestra población
se perpetúan en los sistemas educativos, de manera tal que
los sectores más privilegiados obtienen una educación
de mejor calidad y los sectores vulnerables acceden a un sistema
que no cuenta con los recursos mínimos necesarios para un
correcto funcionamiento.
Año tras año, el Sistema de Medición de la
Calidad de la Educación (simce)1 establece que los
niños pertenecientes a los estratos más pobres obtienen
resultados significativamente más bajos que el resto de
la población, determinándose, además, que
estos sectores son atendidos prioritariamente por las escuelas
municipales y las escuelas particulares subvencionadas. Finalmente,
los sectores con más recursos optan por una educación
particular paga, obteniendo los mejores resultados en las mediciones
nacionales e internacionales.
3. La Democracia (1990-2005)
La llegada de la democracia significó, para muchos chilenos,
la esperanza de realizar cambios sustanciales que permitieran el
acceso a mejores posibilidades de empleo, salud y educación,
sin embargo, respecto de esta última, las modificaciones
estaban limitadas por lo establecido en la loce.
La educación ha sido uno de los principales temas en la
agenda de las administraciones democráticas durante cuya
gestión se ha intentado gradualmente recuperar el rol activo
y responsable del Estado. En la década de 1990, mientras
que la educación nacional había conseguido grandes
logros no solo a nivel de cobertura, sino también por el
aumento de la escolaridad promedio de los chilenos y la reducción
del analfabetismo, por el contrario, el sistema educativo descubría
indicadores críticos en cuanto a la calidad y los problemas
de gestión dentro de los establecimientos.
3.1 P-900: El programa de las novecientas escuelas
Una de las primeras propuestas de la Concertación de Partidos
por la Democracia2, fue la implementación del programa de
las novecientas escuelas (P-900), cuya idea rectora era la de tomar
las novecientas escuelas con mayores dificultades, para otorgarles
una atención y supervisión preferentes por parte
del Ministerio de Educación. El programa marca una línea
de acción que ha sido permanente durante estos años,
y que consiste en dar prioridad a las escuelas y liceos que tienen
altos índices de vulnerabilidad social, y en consecuencia,
presentan los peores rendimientos académicos. Se da curso
así a una nueva política en educación, la
cual se sustenta en dos principios fundamentales, el de calidad y
el de equidad, lemas de los últimos diecisiete años
de nuestras políticas educativas.
Desde la implementación de los primeros programas de mejoramiento
del sistema educativo, se comienza a asignar a la educación
la responsabilidad de acortar la brecha social existente entre
ricos y pobres. Debido a que la continuidad de las políticas
macroeconómicas y la estructura del Estado chileno, configurados
en pro de la continuidad del bienestar económico alcanzado
por algunos sectores, deja a los gobiernos democráticos
con poca libertad de acción para resolver con eficiencia
las crecientes demandas de igualdad de condiciones, o mejoras en
los aspectos sociales, es que se ha pretendido que la Educación
constituya un trampolín de movilidad social, es decir, que
sea capaz de acortar la brecha social.
En esta línea, el objetivo del P-900 era mejorar la calidad
de los aprendizajes cognitivos y socio-afectivos de los niños
desde el kinder hasta el 8.º año de enseñanza
general básica. Las herramientas utilizadas fueron la implementación
de nuevos programas de estudio, principalmente en las áreas
de lengua y matemática, el aporte de material didáctico
y bibliotecas escolares, así como también propiciar
el perfeccionamiento docente.
La selección de las escuelas –las municipalizadas
y las particulares subvencionadas– a lo largo del territorio
nacional, se realizó a partir de los promedios más
bajos obtenidos en las mediciones simce, resultados que dieron
cuenta que, en principio, eran mucho más de novecientas
las escuelas que requerían de estos apoyos.
A pesar de los esfuerzos realizados y de los aportes entregados,
los resultados no fueron satisfactorios, evidenciándose
aún una enorme diferencia entre aquellos que reciben una
educación de calidad y los que no pueden tener acceso a
ella.
Para muchos, la apuesta de los gobiernos de la Concertación
se encuentra mal planteada, en el sentido de que se espera que
por medio de la educación recibida dentro de las escuelas,
se acorten las diferencias sociales que se encuentran fuera de
ella. Se pretende de esta forma que la educación permita
a los niños y jóvenes salir del círculo de
la pobreza, es decir, se trata de «educar en la desigualdad»,
intentando obtener resultados homogéneos a partir de grupos
heterogéneos, con muchas diferencias en cuanto a sus recursos
culturales y económicos.
Tal como lo ha señalado el ex ministro de Educación
José Joaquín Bruner3:
El mayor obstáculo para producir una educación de
calidad es la aguda desigualdad que aqueja a nuestra sociedad.
Sorprende que hayamos tardado tanto en arribar a una constatación
así de obvia y tan fuertemente respaldada por la evidencia
empírica mundial. En efecto, es sabido que la mayor condicionante
del éxito escolar es el capital cultural transmitido por
vía familiar.
Desde 1996 esta paulatina dinámica de transformaciones en
las políticas en educación, recibe el nombre de Reforma
Educacional.
3.2 La Reforma Educacional
Esta reforma, que se implementa a partir del segundo gobierno
de la Concertación, recoge lo realizado en el período
anterior, sistematizando los esfuerzos, a fin de producir cambios
sustanciales en los resultados obtenidos por los alumnos en las
evaluaciones nacionales e internacionales.
Definida y planteada como un proceso de renovación gradual,
en incremento, y producida desde la base del sistema, desde las
escuelas y liceos, tras lo cual se encuentra la concepción
de una necesaria transformación y adecuación de los
sistemas educativos a las cambiantes condiciones de la sociedad
nacional e internacional, como principio de modernización
de la educación. Sin embargo, tiene poco eco dentro de las
escuelas y son principalmente los docentes los que se muestran
reticentes a estos nuevos diseños curriculares.
Los principales planteamientos de la reforma de los años
noventa están en consonancia con las características
de los cambios evidenciados en las sociedades actuales, que convergen
en el objetivo de formar sujetos flexibles, con gran capacidad
para adaptarse al cambio y para innovar, buscando nuevas respuestas
a los desafíos que se presentan. Sujetos críticos
que puedan utilizar efectivamente la información y el conocimiento
para enfrentar situaciones problemáticas, desenvolverse
autónomamente y tomar decisiones. Sujetos capaces de trabajar
en equipo y convivir con otros en el ámbito personal y comunitario.
Asimismo, junto con la necesidad de capacidades intelectuales,
se requiere el desarrollo de una base moral que asegure la integración
social. Se demanda de la educación la formación de
personas moralmente sólidas, que comportan valores éticos
de convivencia que les permitan interactuar en la diversidad, equilibrando
las tensiones entre lo propio y lo ajeno, lo local y lo global.
Estos principios de modernización estuvieron fuertemente
marcados por las nuevas concepciones pedagógicas imperantes
en el resto de Latinoamérica y Europa, de forma tal que
los fundamentos del aprendizaje significativo y de construcción
del conocimiento empiezan a remplazar a las concepciones más
tradicionales. Los detractores de los cambios que se pretendían
realizar argumentaban que se trataba solo una imitación
de la reforma española, puesto que contenía elementos
muy similares a esta, en términos de las aproximaciones
curriculares y pedagógicas propuestas.
Esta reforma considera, como ya mencionamos, un ritmo de adaptación
incremental y continuo, propio de los sistemas descentralizados –herencia
del gobierno militar–, que implica la transformación
en un sistema educativo abierto a la sociedad, con múltiples
puntos de contacto con ella y, a la vez flexible, para adaptarse
a los cambios que esta requiere. Por lo tanto, esta concepción
de reforma no tiene un solo y exclusivo hito que permita identificarla
como tal, sino que también depende de las capacidades crecientes
que desarrollen sus actores para llevarla a cabo, es decir de la
gestión realizada por los propios centros educativos.
Así, el Estado pretende dar directrices para la forma de
enseñar y aprender los contenidos mínimos obligatorios
y los objetivos fundamentales, bases para cada uno de los niveles
educativos. Asimismo, orienta la gestión de los servicios
educativos y de los insumos requeridos por las escuelas, tanto
en lo referente a materiales como a infraestructura, y busca el
mejoramiento sostenido de las condiciones de trabajo de los docentes,
señalados como los protagonistas de la reforma.
Dentro de este contexto y según lo establecido por sus gestores,
la Reforma Educacional se caracteriza por ser modernizadora desde
tres ejes fundamentales.
- Por el contexto mundial y de país
en que es implementada.
- Por los propósitos y objetivos
que se le asignan.
- Por su concepción misma,
esto es, por su diseño y la práctica de su ejecución,
que la distingue de las anteriores.
- Para entender un poco más los planteamientos antes mencionados,
podemos decir que los principios de sus políticas educacionales
se centran en:
- Instalar la equidad como eje para
la provisión de una educación homogénea en términos
nacionales, en un sistema educativo que se hace cargo de las diferencias con
el objeto de favorecer los grupos más vulnerables.
- Privilegiar la calidad, lo cual
implica dirigir el foco, puesto hasta ese momento en los insumos,
esto es, en los recursos aportados por el Estado, hacia los procesos y resultados
de los aprendizajes.
- Quitar el énfasis de las
regulaciones exclusivamente burocrático-administrativas del sistema,
para ponerlo en las regulaciones por incentivos, en la información sobre
el desarrollo de los procesos de aprendizaje y la evaluación
de los resultados obtenidos.
- Efectuar el pasaje de instituciones
relativamente cerradas respecto de los requerimientos de su sociedad,
enfocadas principalmente en su autosustentación y controladas por sus propios
participantes, a instituciones abiertas a las demandas de su sociedad, interconectadas
entre sí y con otros ámbitos o campos institucionales.
- Efectuar una transición desde
políticas de cambio puestas en marcha por la vía de reformas
homogéneas y un concepto de planteamiento lineal, hacia estrategias
diferenciadas y un concepto de cambio incremental, basado en el despliegue
de la capacidad de iniciativa de las escuelas, y no en una estrategia metodológica única
o curricular homogénea, con un núcleo común a todo el
país.
A partir de estos principios la Reforma Educacional chilena,
con miras al mejoramiento de la calidad y equidad de los aprendizajes,
se sustentó desde sus inicios sobre cuatro pilares fundamentales.
- Programas de mejoramiento e innovación.
- Reforma curricular.
- Fortalecimiento de la gestión
docente.
- Jornada escolar completa.
3.2.1 Los programas de mejoramiento de la calidad y equidad de
la educación (mece)
En relación a los programas de mejoramiento, y conscientes
también de que las necesidades eran muchas y variadas, se
da un nuevo paso mediante la implementación de los denominados
programas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación
(mece), los cuales se establecieron para los diferentes niveles
educativos, coexistiendo de esta forma los programas mece parvularia,
mece básica, mece media y mece superior.
La base de los mismos fue el otorgamiento de fondos concursables
a los diferentes centros, a partir de proyectos de mejoramiento
diseñados por las propias instituciones, potenciando en
cierta medida su autonomía para proponer soluciones propias
a las problemáticas que enfrentaban, a partir del análisis
de su realidad y la concreción de las metas deseadas a través
de la implementación de estos programas.
Sin embargo, aunque de fuerte impacto inicial, la aplicación
de estos proyectos a lo largo del tiempo no dio cumplimiento a
los logros que se esperaban, de manera que dichos proyectos fueron
desapareciendo en forma paulatina.
3.2.2 La reforma curricular
Desde su implementación la reforma curricular también
ha tenido cambios En los primeros años la propuesta ministerial
consistía en que las propias escuelas, junto con sus profesores,
determinaran qué se debía enseñar, de manera
que los planes y programas oficiales emanados del Ministerio de
Educación solo contenían lo básico de los
objetivos fundamentales y contenidos mínimos.
Para cumplir con los requerimientos establecidos en la loce,
se creó en el Ministerio de Educación una comisión
denominada Comisión Técnica Central, compuesta por
once profesionales de esta cartera, que debían entregar
a fines de 1991 una propuesta curricular. La misma, entregada en
marzo de 1992, estableció la existencia de objetivos verticales,
propios de cada sector de aprendizaje, y objetivos transversales
que debían estar presentes a lo largo de toda la formación
del alumnado, así como en los proyectos educativos de cada
establecimiento. Estos últimos objetivos contemplaban una
serie de valores relativa a la formación moral de los estudiantes
y su desarrollo personal, brindando orientaciones sobre el tratamiento
de temas emergentes, como los derechos humanos, medio ambiente,
sexualidad, globalización, que fueron ampliamente cuestionados
por sectores de la Iglesia católica y los partidos de derecha.
Al poco tiempo se produjo en el profesorado básico una desorientación
general, lo que obligó a un rediseño de los planes
y programas, esta vez con todos los elementos necesarios para desarrollar
un curso determinado. Este cambio es uno de los elementos que ha
marcado la política de educación básica y
media de los últimos cinco años.
La imposibilidad de que los alumnos obtuvieran los resultados
esperados ha producido una revisión de los planteamientos iniciales
de la reforma, apuntando hoy directamente al logro de metas, establecidas
tanto por los centros educativos como por el Gobierno. Así,
en su trayecto, la reforma curricular ha pasado de tener un diseño
flexible y abierto, a conformar un programa cerrado y obligatorio,
en donde se determinan cada una de las acciones que deben realizar
los docentes para el logro de los objetivos propuestos.
3.2.3 La función docente
El fortalecimiento de la función docente se ha concretizado
a partir de un sistema de perfeccionamiento e incentivos por excelencia
y evaluación docente. En términos generales, la idea
es que los buenos docentes –aquellos que tienen buenos resultados
con sus alumnos– sean premiados económicamente por
su desempeño, en tanto que aquellos que no, deben perfeccionarse
para poder seguir ejerciendo.
3.2.4 Jornada escolar completa
Finalmente, el cuarto de los principios sobre los que se asienta
la Reforma Educacional chilena es la implementación de la
jornada escolar completa (jec). Por medio de esta medida se aumentaron
de treinta a treinta y ocho las horas semanales de enseñanza,
previendo la incorporación paulatina a este esquema de todos
los establecimientos del país, con fecha máxima estipulada
para el año 2010.
3.2.5 Medidas relevantes
Otras medidas relevantes tomadas dentro de los últimos cinco
años de gestión educativa fueron:
- La ampliación de cobertura
para los niveles de educación parvularia, con la meta de incorporar
al 100% de la población escolar dentro de los próximos años.
- La incorporación de alumnos
con necesidades educativas especiales a la educación regular, por medio
de proyectos de integración e incentivos económicos, para que
los alumnos reciban la atención que requieren dentro de
sus propias escuelas.
- Extensión de hasta doce los
años de educación obligatoria (ocho años de Educación
General Básica y cuatro de Educación Media), lo que garantiza
la gratuidad de educación, para todos los niños y jóvenes
hasta los 21 años.
- Desarrollo del plan lector para
los primeros años básicos, con el objeto de que todos los niños
que ingresan a la enseñanza básica y que pertenezcan a sectores
de alta vulnerabilidad, terminen con una lectura comprensiva al finalizar el
año escolar.
- Implementación del programa
Lectura, escritura y matemáticas (lem), orientado al trabajo con niños
desde los niveles de educación parvularia, a fin de obtener mejores
aprendizajes en las áreas de la lectura, la escritura y la resolución
de problemas matemáticos.
- Creación de la Red enlaces,
uno de los programas que ha tenido mayor cobertura y duración a lo largo
de esta reforma, destinado a la alfabetización digital dentro de los
establecimientos, por medio de la creación de laboratorios computacionales
con acceso a Internet, junto con la capacitación necesaria
al cuerpo docente.
4. La ley general de educación
El panorama descrito en los párrafos anteriores sufrió una
fuerte sacudida en el año 2006, cuando los estudiantes secundarios
enarbolaron una protesta generalizada, fuertemente cohesionada
y masiva, abogando por mejoras en la calidad de su educación
y argumentando la urgente necesidad de evitar que cualquier persona
pudiese hacerse cargo de la responsabilidad de administrar un establecimiento
educacional.
Esta protesta –denominada «la revolución de
los pingüinos» en alusión al uniforme tradicional
de los alumnos– paralizó las actividades académicas
varios meses e impresionó al país por la madurez
y calidad de sus propuestas, y por la capacidad de cohesión
y de organización alcanzada por los estudiantes. Fue tal
el impacto provocado por este movimiento que se hizo necesario
implementar un equipo multidisciplinario para reflexionar
sobre el tema, a partir de lo cual se propuso una nueva estructura
legal, denominada Ley General de Educación, la que ese encuentra
hoy en discusión legislativa.
Dentro de las propuestas que se pretenden incorporar a esta nueva
ley de educación, se contempla:
- El fin del lucro en educación,
limitando el accionar del sector privado en el sistema de escuelas con subvención
estatal.
- Salvaguardar la transparencia de
la inversión en educación de los dineros del Estado.
- Eliminar los procedimientos de selección
de alumnos para determinados establecimientos.
- Creación de un Consejo Nacional
de Educación.
- Creación de una Superintendencia
de Educación.
5. A modo de conclusión
A partir de este recorrido podemos observar cómo coexisten
hoy dentro de las políticas educativas los elementos de
cambios y de continuidad.
Se ha pretendido realizar una serie de reformas sin alterar la
estructura del sistema educativo chileno: la privatización
de la educación como un elemento central de las políticas
del régimen militar sigue vigente hasta nuestros días,
al igual que las grandes diferencias entre los establecimientos
educacionales.
Con la llegada de la democracia se han intentado numerosas alternativas
de mejoras en pro de la calidad y equidad de la educación
chilena. Las evaluaciones realizadas durante estos años
evidencian que los avances han sido muy poco significativos en
relación a las mediciones internacionales, pero también
dentro de los propios sistemas de evaluación utilizados
por el país. En estos dieciocho años de esfuerzo
hemos visto cómo las estrategias más flexibles y
los modelos curriculares abiertos han dado paso a un currículo
cada vez más cerrado, en la búsqueda de mejorar los
resultados obtenidos. Durante la vigencia de la Reforma Educativa
muchas de las alternativas planteadas han sido abandonadas en el
camino, y se han incorporado otras nuevas, pero sin que estas hayan
sido capaces de lograr los objetivos propuestos por los gobiernos
democráticos, ni de brindar una educación que permita
acortar la brecha educacional, cultural y social.
Aunque Chile no ha tenido avances concretos en términos
educativos, las políticas de educación se encuentran
en constante transformación, muchas veces no articulada,
tratando de encontrar una alternativa que equilibre las necesidades
del libre mercado –continuismo de un modelo macroeconómico
sustentado en sus principios–, y la esperada equidad –ruptura
con la estructura neoliberal–, para una sociedad que no logra
acceder a los beneficios de un Estado en vías de desarrollo.
Bibliografía
Aylwin, Mariana (2003): 12 años de escolaridad obligatoria. Santiago
de Chile: Lom.
Bitar, Sergio (2005): Educación nuestra riqueza. Chile
educa para el siglo xxi. Santiago de Chile: Aguilar chilena
de educación.
Casassus, Juan (2004): La escuela y la (des)igualdad. Santiago
de Chile: Lom.
Castro, Teresa y Oliver, Lucio (2005): Poder y política
en América Latina. México df: Siglo xxi.
Hardy, Clarisa y otros (2004): Equidad y protección social.
Desafíos de políticas sociales en América
Latina. Santiago de Chile: Lom.
Hevia, Renato (ed.) (2003): La educación en Chile. Santiago
de Chile: Universidad Diego Portales.
Larraín, Luis (1997): Chile: políticas públicas
durante el gobierno de Aylwin. Santiago de Chile: Libertad
y Desarrollo.
Olavarría, Mauricio (2005): Pobreza, crecimiento económico
y política social. Santiago de Chile: Universitaria.
Olave, Patricia (2003): Chile: neoliberalismo, pobreza y desigualdad
social. México df: Miguel Ángel Porrúa.
Santander, María (2002): Ideas para una educación
de calidad. Santiago de Chile: Libertad y Desarrollo.
Notas
1 El SIMCE evalúa el 100% de los alumnos de 4.º y 8.º año
básico y 2.º año de
enseñanza media. Su principal propósito es contribuir
al mejoramiento de la calidad y
equidad de la educación, informando sobre el desempeño
de los alumnos en algunas
asignaturas del currículo nacional.
2 Conocida como Concertación, la Concertación de Partidos
por la Democracia
es una coalición política de partidos que gobierna
Chile desde el 11 de marzo de 1990.
3 Entrevista realizada a José Joaquín Bruner y publicada
en el diario El Mercurio,
domingo 11 de enero del 2004, cuerpo E: Artes y Letras; Sección:
Artes y Letras, p. 8. |
