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Miren Fernández-de-Álava, Aleix Barrera-Corominas, Anna Díaz-Vicario *
*Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Pedagogía Aplicada. Equipo de Desarrollo Organizacional.
SÍNTESIS: El reconocimiento del derecho y del acceso a la educación de todas las personas con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de oportunidades y de trato, supone un avance hacia la instauración de un sistema educativo inclusivo. Al respecto, este artículo persigue un doble objetivo: por un lado, la identificación de estrategias para el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad en educación superior, y por el otro, la presentación de buenas prácticas en el ámbito iberoamericano, cuya selección se ha fundamentado en la respuesta que dan a las necesidades y derechos de dichas personas.
Las buenas prácticas seleccionadas, además de producir un mayor conocimiento sobre el tema objeto de estudio, implementan medidas de adecuación de los espacios, de asesoramiento y atención, y de formación específica, como base para la no exclusión y el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Las conclusiones remarcan la importancia de seguir trabajando en la eliminación de barreras de acceso y de participación en la educación superior, como así también en la creación de unas condiciones adecuadas para responder satisfactoriamente a las necesidades educativas de todos los estudiantes.
Al mismo tiempo, se destaca el necesario compromiso e implicación de los miembros de la comunidad educativa y otros agentes del territorio, con el fin de convertir la educación superior en un espacio que no establezca discriminaciones y que favorezca la igualdad de oportunidades.
Palabras clave: educación superior; buenas prácticas; inclusión; personas con discapacidad.
LA INCLUSIÓN EN INSTITUCIONES IBEROAMERICANAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
SÍNTESE: O reconhecimento do direito e do acesso à educação de todas as pessoas portadoras de necessidades especiais, sem nenhum tipo de discriminação e em igualdade de oportunidades e de trato, supõe um avanço para a instauração de um sistema educativo inclusivo. A respeito disso, este artigo persegue um duplo objetivo: por um lado, a identificação de estratégias para o acesso e a permanência de estudantes com deficiência em educação superior e, por outro lado, a apresentação de boas práticas no âmbito ibero-americano, cuja seleção está fundamentada na resposta que dão às necessidades e aos direitos destas pessoas.
As boas práticas selecionadas, além de produzirem um maior conhecimento sobre o tema objeto de estudo, implementam medidas de adequação dos espaços, de assessoramento e atenção e de formação específica, como base para a não exclusão e o pleno desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais. As conclusões remarcam a importância de seguir trabalhando na eliminação de barreiras de acesso e de participação na educação superior, como assim também na criação de condições adequadas para responder satisfatoriamente às necessidades educativas de todos os estudantes.
Ao mesmo tempo, destaca-se o necessário compromisso e implicação dos membros da comunidade educativa e de outros agentes do território, a fim de converter a educação superior em um espaço que não estabeleça discriminações e que favoreça a igualdade de oportunidades.
Palavras-chave: educação superior; boas práticas; inclusão; pessoas portadoras de necessidades especiais.
The incorporation in latin-american institutions in high education. Good practices for the access and the students’ permanency with disability
ABSTRACT: The recognition of the right and access to education of all the people with disability, without any type of discrimination and in equality opportunities and treatment, supposes an advance towards the restoration of an educational inclusive system. In the matter, this article chases a double objective: on one hand, the identification of strategies for the access and the students’ permanency with disability in high education, and on the other one, the presentation of good practices in the Latin-American area, which selection has been based on the response that they give to the needs and rights of the above mentioned people.
The good selected practices, beside a major knowledge producesd on the topic object of the study, implement measures of adequacy of the spaces, advice and attention, and specific formation, as a base for not exclusion and the full development of people with disability.
The conclusions point out the importance of continuing working to break the access and participation barriers in high education, as well as in the creation of a few conditions adapted to answer satisfactorily to the educational needs of all students.
On the same time, it emphasizes the necessary commitment and implication of the members of the educational community and other agents of the territory, in order to turn high education into a space that does not establish discriminations and that favors the equality of opportunities.
Keywords: high education; good practices; inclussion; people with disability.
En 1988, la Declaración Mundial para la Educación Superior de la Unesco forja una nueva visión de la educación superior basándose, por un lado, en el artículo 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos(onu, 1948), en el que se remarca que toda persona tiene derecho a la educación y que el acceso a los estudios superiores es igual para todos; y, por otro lado, en el artículo 4a de la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones (onu, 2006), en el que se manifiesta la importancia de «hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior».
Por ello, y siendo conscientes de que la enseñanza debía transformarse y renovarse hacia una educación que atendiese las necesidades socioculturales de los ciudadanos y fomentase la igualdad de oportunidades y de trato, entre las acciones prioritarias de dicha Declaración se marca, a través del artículo 1a, la no discriminación y la no exclusión de ninguna persona de la educación superior ni de sus ámbitos de estudio, niveles de titulación u otros establecimientos, por razones de raza, género, lengua, religión, o edad; por nivel socioeconómico, o por discapacidad física.
El imperativo es facilitar el acceso a la educación superior de grupos sociales desfavorecidos, como comunidades indígenas, minorías culturales y lingüísticas o personas con discapacidad, entre otros, puesto que «pueden poseer experiencias y talentos que podrían ser muy valiosos para el desarrollo de las sociedades y naciones» (artículo 3, bajo la rúbrica Igualdad de acceso).
Por otro lado, y en 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad apunta la obligación de asegurar que las personas con discapacidad accedan –sin discriminación y en igualdad de condiciones al resto– a la educación superior, a la formación profesional, a la educación para adultos y al aprendizaje a lo largo de la vida (artículo 24.5, bajo el título Educación).
En esta misma línea se impulsa el proyecto Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios (oei, 2010), focalizado en la mejora de la calidad y la equidad en educación, a fin de erradicar la pobreza y la desigualdad, y, consecuentemente, en la promoción de la inclusión. No obstante, esta última no puede llevarse a cabo sin «el compromiso y la participación de la totalidad de los miembros que integran la comunidad educativa» (p. 233). Por ello, y entre sus objetivos principales, se insta a la potenciación de la «educación de colectivos con necesidades educativas especiales derivadas de cualquier tipo de discapacidad» (p. 233).
El proyecto accedes –El acceso y éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo de Latinoamérica–, cuya finalidad es mejorar el acceso, la promoción y el egreso académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo de exclusión social en la región, se sitúa en este marco contextual. Más concretamente, la primera anualidad del proyecto ha servido para analizar el contexto de referencia identificar aquellos colectivos que presentan unas necesidades específicas y analizar los programas y medidas que están adoptando las instituciones iberoamericanas de educación superior para asegurar su acceso y permanencia.
El texto que a continuación se presenta tiene un doble objetivo. En primer lugar, identificar estrategias que promueven el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes en educación superior, focalizando la atención en las dirigidas a personas con discapacidad; y, en segundo lugar, presentar cinco buenas prácticas del ámbito iberoamericano que ilustran el tipo de acciones que las instituciones de educación superior desarrollan en la actualidad. Finalmente, y para producir un mayor conocimiento sobre el tema objeto de estudio, cada una de ellas han sido fundamentada sobre la base de su propia evolución legislativa histórica.
A pesar de que socialmente los términos deficiencia, minusvalía y discapacidad se utilizan de manera indistinta, es conveniente señalar que atienden a conceptos diferenciados. Así, mientras por deficiencia se entienden todos aquellos problemas de las funciones o estructuras corporales –funciones fisiológicas y partes anatómicas del cuerpo, respectivamente– asociados con las condiciones de la salud (oms, 2001, p. 14), la minusvalía atiende a la discapacidad física o mental por lesiones congénitas o adquiridas.
La revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (ciddm) de 1974 y 1980 condujo a la introducción y al uso del término discapacidad, el cual engloba las tres perspectivas: corporal, individual y social. La discapacidad, por tanto:
Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una «condición de salud») y sus factores contextuales (factores ambientales y personales) (oms, 2001, p. 206).
Denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social) (oms, 2011, p. 7).
En definitiva, la discapacidad denota una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que puede derivar o agravarse por factores contextuales. Independientemente de si es temporal o permanente, las personas con discapacidad encuentran a menudo barreras que dificultan su plena participación en la sociedad y en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos.
Entre las medidas que contribuyen a la eliminación de estos obstáculos y, en consecuencia, a la consecución de un acceso efectivo de las personas con discapacidad a la salud, a la información, a la educación, al empleo y al transporte, figuran la adaptación de leyes, normas, políticas, estrategias y planes existentes (oms, 2011).
A lo largo de los últimos años, y conscientes de la necesidad de adaptarse a la realidad sociocultural de su entorno, las instituciones de educación superior han implementado estrategias, programas o acciones extraordinarias con el objetivo de incrementar el porcentaje de estudiantes que acceden, permanecen y egresan. Autores como Swail, Redd y Perna (2003) distinguen cinco categorías de apoyo institucional que sirven a este propósito:
• Programas de servicios académicos.
• Programas de ayuda financiera.
• Programas de servicio estudiantil.
• Programas de reclutamiento y admisión.
• Programas relacionados con la mejora del currículo y la instrucción.
Mientras que otros, como Gairín, Feixas y Rodríguez-Gómez (2010), las agrupan en función de su naturaleza:
• Preventivas.
• Correctivas.
• De soporte.
Dado que los estudiantes, especialmente aquellos que sufren algún tipo de discapacidad, requieren de apoyo y soporte en cualquier etapa del proceso formativo –incluso antes de que accedan a la educación superior– las instituciones implementan programas y acciones que garantizan que dispongan de la ayuda que precisan en cada momento.
En este sentido, y atendiendo a una lógica temporal, las medidas que se implementan para favorecer el acceso y la permanencia en la educación superior de estudiantes con alguna discapacidad pueden agruparse en torno a cuatro momentos (Díaz-Vicario, Fernández-de-Álava y Barrera-Corominas, 2013; Galán-Mañas y otros, 2013; Molina, Mora de Bedoya y Sánchez, 2011):
• Previas al acceso a la universidad.
• Estrategias de retención implementadas en el transcurso de la vida académica.
• Egreso / posgraduación.
• Globales.
El concepto de buena práctica (bp) se ha incorporado progresivamente al lenguaje académico por el interés que suscita el detectar experiencias que funcionan en sus entornos de aplicación para poder trasladarlas, con las oportunas adaptaciones, a otros contextos. Equiparable al concepto anglosajón de best practice o al francés bonne practique, es un término ampliamente usado y que varía en función de los ámbitos en los que se aplica. Por ello, resulta conveniente definir las bp en función del campo de estudio en el que uno se sitúa, ya que lo son siempre en un contexto y en unas condiciones determinadas (Zabalza, 2012).
Ballesteros y Mata (2009), Anne (2003) y Pérez (2011) coinciden en que las BP son acciones –innovadoras, eficaces, sostenibles, contrastables, transferibles y fiables– de un proceso contextualizado y planificado, en base a unos objetivos previamente definidos, que pretenden dar respuesta a las necesidades de un colectivo u organización. Otros autores, como Bru (2011), puntualizan el concepto de BP desde la perspectiva educativa, señalando que se trata de «una iniciativa, una política o un modelo de actuación exitoso que mejora, a la postre, los procesos y los resultados educativos de los alumnos y del proceso de formación-acción» (p. 427).
Pero, ¿por qué identificar las bp? El propósito reside en la necesidad de hacerlas visibles (Zabalza, 2012) y que sean accesibles a todos los interesados. Por ello, y dado que son diversas las razones por las cuales resulta oportuno detectar, compilar, compartir y diseminarlas (Anne, 2003; Bru, 2011; Escudero, 2009), a continuación se presentan cinco bp, enmarcadas en instituciones iberoamericanas de educación superior, que fomentan la inclusión de estudiantes con discapacidad.
La Constitución de la República del Paraguay (1992), además de determinar que todas las personas tienen derecho a la educación integral y permanente (artículo 73), reconoce la necesidad de que el Estado promueva planes y políticas para asegurar la calidad de vida de aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de extrema pobreza, que presenten alguna discapacidad o que tengan impedimentos por la edad (artículo 6, título II De los derechos, de los deberes y de las garantías).
Por su parte, la Ley 1264/98, Ley General de Educación, añade que el Estado garantiza la integración de aquellos estudiantes que presenten alguna necesidad educativa. Para ello, establece una serie de programas de compensación en los que equipara las oportunidades, ofrece alternativas y elimina las barreras físicas y comunicacionales en centros públicos y privados (artículo 23, capítulo VI De la compensación de las desigualdades en la educación).
En 2012, la Unidad Académica de Carapeguá de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción inició un programa con el objetivo de adecuar la infraestructura edilicia, tras el ingreso de un estudiante con discapacidad física en la carrera de Ingeniería Informática. Para facilitar su movilidad, y dado que el edificio no cuenta con ascensores o rampas, los gestores habilitaron las aulas y laboratorios de informáticas en la planta baja.
A fin de continuar con este proyecto de inclusión, los responsables de la unidad académica se plantean nuevas líneas de acción para el futuro: 1) identificar a estudiantes con discapacidad y analizar su situación y cómo se sienten en la universidad; 2) asignar aulas acordes con las necesidades de los estudiantes para eliminar todo tipo de barreras, y 3) continuar realizando los ajustes necesarios para adecuar el centro a estudiantes con discapacidad.
En 2001, el presidente de la República y el Ministerio de la Presidencia de la República de Costa Rica emitieron la Directriz 27, que en su artículo 1 establece la responsabilidad de todas las instituciones públicas de conformar comisiones institucionales en materia de discapacidad. Por lo que respecta a la educación superior, se establece una comisión de ámbito general en la que participan representantes de las cuatro universidades estatales del país, cuya función es servir de agente consultor en materia de discapacidad en el ámbito universitario.
Ese mismo año, la Universidad de Costa Rica instituyó el Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad (cased) como unidad responsable de promover los medios para garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad, siendo sus objetivos: 1) proponer, dirigir y desarrollar los servicios de apoyo especializados requeridos durante los procesos de admisión, permanencia y graduación; 2) promover el cumplimento de la legislación y de las políticas institucionales; 3) coordinar con unidades académicas y otras instancias intra y extrauniversitarias acciones en materia de discapacidad y la prestación de servicios; 4) coordinar acciones de divulgación y capacitación en el medio universitario, y 5) velar para que se proporcionen las adecuaciones y los recursos de apoyo requeridos por el alumnado.
Para ello, el cased creó equipos de apoyo específicos para cada caso, implicando al coordinador de grado, a un docente del grado, a un especialista y a un funcionario del cased, a los docentes de las materias en las que el estudiante se había matriculado y al propio estudiante. Al inicio del curso, el equipo definió cuáles eran los recursos que se iban a requerir para dar respuesta a las necesidades del discente, pudiéndose concretar en adaptaciones curriculares, digitalización de materiales, adecuación de espacios para facilitar la movilidad, servicios de interpretación en lenguaje de signos, grabación de textos, transcripción de casetes, toma de apuntes, transcripción a braille, y/o tutoría de materias.
En 2003, el Congreso de México promulga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se adoptan medidas compensatorias (artículo 4 del capítulo I Disposiciones generales) a favor de la igualdad de oportunidades y de la eliminación de cualquier tipo de discriminación ejercida sobre las personas. Por tanto, y de conformidad con el presupuesto de egresos de la Federación, corresponde a los organismos públicos y a las autoridades federales, individual o conjuntamente, llevar a cabo dichas medidas positivas.
Tomando como referente el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (sep, 2001) y laLey General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la que se establece impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional (artículo 12.II del capítulo Educación), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) elabora un Plan de Desarrollo Institucional, hasta 2014, con objeto de formar integralmente a sus estudiantes y de asegurar su bienestar.
En este mismo contexto, la Facultad de Comercio y Administración de Tampico impele acciones para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad, guiándoles y brindándoles apoyo a fin de que superen con éxito los diferentes obstáculos que les plantea la vida universitaria.
Para su consecución, la facultad potencia el desarrollo de estrategias orientadas a fortalecer la equidad, el éxito educativo, la movilidad académica y la atención a grupos vulnerables, desarrollando una cultura de responsabilidad social.
Asimismo, trabaja en estrecha colaboración con asociaciones vinculadas a colectivos con discapacidad, estableciendo alianzas con el sector empresarial con el objetivo de identificar la empleabilidad de los futuros profesionales con discapacidad.
El sistema educativo español, basándose en los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española(1978) –promoción de condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sea real y efectiva; dignidad de la persona como fundamento del orden político y social; igualdad de todos los españoles, sin ningún tipo de discriminación, ante la ley, y política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran, respectivamente– y en la Ley 51/2003 De igualdad de oportunidades, no discriminación y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, acuerda, a través de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación por factores personales, culturales o socioeconómicos, focalizando su atención en los colectivos con discapacidad (artículo 1b, Principios y fines de la educación).
Esta misma ley señala que corresponde a las administraciones educativas favorecer que todas las personas con discapacidad accedan a las enseñanzas postobligatorias (artículo 74.5, bajo el título de Escolarización).
En este contexto, la Fundación Autónoma Solidaria (fas) de la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece un servicio de atención a la discapacidad llamado piune, cuyo objetivo es garantizar que todas las personas con discapacidad puedan: 1) acceder a estudios superiores en igualdad de oportunidades que el resto; 2) disfrutar de una vida académica y social plena y autónoma, y 3) continuar sus estudios académicos con éxito.
Así, y bajo los principios de autonomía personal, normalización, equidad, participación y corresponsabilidad, el piune asesora y apoya a los estudiantes con discapacidad, para que puedan realizar con éxito sus estudios e integrarse en la vida académica sin dificultad, coordinándose también con el profesorado que interviene en su proceso formativo. Asimismo, establece sinergias con el personal de administración y otras estructuras de la uab a fin de mejorar la accesibilidad al campus.
En las bases y fines de la educación boliviana, promulgadas a través de la Ley 1565 de la Reforma Educativa de 7 de julio de 1994, se establece una división de Educación Especial cuya responsabilidad es, entre otras, velar por la formación de personas con discapacidad (artículo 30.2).
Posteriormente, en 2010, se aprueba la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, donde se insta a: 1) promover y garantizar la educación permanente de personas con discapacidad (artículo 5.21); 2) garantizar que todas las personas con discapacidad cuenten con una educación oportuna, pertinente e integral en igualdad de oportunidades y condiciones al resto de estudiantes (artículo 17.3); 3) promover una educación y una cultura inclusiva para todas aquellas personas con discapacidad (artículo 17.6), y 4) incorporar y aplicar métodos, instrumentos y sistemas de comunicación dirigidos a personas con discapacidad (artículo 17.7).
En la actualidad, y desde 2010, la Universidad Católica Boliviana San Pablo junto con el Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo (secrad-ucb), tienen en marcha un curso de formación en producción radiofónica educativa para personas con discapacidad visual llamado «Escucha nuestra voz». El objetivo es triple: 1) sensibilizar sobre el derecho a la comunicación e información de personas con discapacidad visual; 2) capacitarlos en el uso de de herramientas, estrategias y prácticas comunicativas y radiofónicas, y 3) impulsar su propia producción radiofónica.
Fruto de las declaraciones y convenciones, de la legislación aprobada y de proyectos como Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios (oei, 2010), a lo largo de las últimas décadas se está trabajando en la creación de condiciones políticas, sociales y educativas donde no se establezcan discriminaciones, donde exista la igualdad de oportunidades y de trato, y donde se promocione la inclusión.
En este artículo nos hemos centrado en presentar la evolución legislativa histórica en materia de acceso a la educación de personas con discapacidad y en analizar cómo la misma ha favorecido el desarrollo de acciones específicas para responder a las demandas educativas asociadas y, en consecuencia, para aumentar su participación en instituciones de educación superior.
Ello nos ha permitido constatar que solo si se aprueban unas políticas universitarias asentadas en dichas demandas, es posible diseñar programas con líneas de actuación focalizadas a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso exitoso de estas personas. De hecho, no siempre las mejores experiencias son las que destinan ingentes cantidades de recursos para la mejora de las infraestructuras, sino que, en ocasiones, lo son aquellas que cuentan con un mayor apoyo de las autoridades y del resto de la comunidad universitaria.
Así, por ejemplo, el caso de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay nos ha permitido ver cómo una reestructuración de la organización de los cursos en las aulas existentes puede favorecer que los estudiantes con discapacidad física acudan a clase sin necesidad de apoyos externos que podrían resultar más costosos. Asimismo, programas como el impulsado por la uat de México destacan por implicar a asociaciones del entorno y por establecer alianzas con empresas que contratarán a sus estudiantes, hecho que garantiza un egreso exitoso para estos últimos.
La difusión y réplica nacional e internacional de experiencias similares a las descritas supone un avance en materia de cooperación pues el hacerlas accesibles a todos los interesados puede generar un impacto positivo en el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad en la educación superior. Tal y como sugiere la oei (2010, p. 139): «Las instituciones de educación superior se benefician mucho de la conexión con otras instituciones similares».
Resulta interesante, por tanto, que las instituciones de educación superior dirijan sus futuras líneas de acción hacia:
• La eliminación de barreras que dificultan la participación de los estudiantes con discapacidad.
• Una capacitación adecuada para los docentes y el resto del personal institucional.
• El compromiso y la implicación de todos los miembros que conforman la institución.
• La adaptación a las necesidades que presenten dichos estudiantes.
• La creación de un banco de experiencias y buenas prácticas. En definitiva, que los estudiantes consigan graduarse con éxito no es casual, sino que es el resultado de un conjunto intencional y estructurado de estrategias coherentes y sistemáticas que las universidades deben promover (Tinto, 2006).
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La redacción de este artículo no hubiera sido posible sin la participación y colaboración de las instituciones asociadas y colaboradoras del proyecto accedes –El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica– (http://projectes.uab.cat/accedes/), coordinado por Joaquín Gairín, del Equipo de Desarrollo Organizacional (edo) de la Universitat Autònoma de Barcelona (uab)y financiado por la Comisión Europea en el marco del programa alfa (Ref. dci-ala/2011-232).
*Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Pedagogía Aplicada. Equipo de Desarrollo Organizacional.
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