Los costos humanos, políticos y económicos de la violencia urbana y social:
Comprender el fenómeno de la violencia en toda su complejidad, y contribuir a su erradicación son pasos esenciales para garantizar el Estado de derecho democrático.

Instituto Latinoamericano de Análisis del Conflicto (ILACON)
Centro de Análisis de Seguridad Pública y Violencia Urbana (CASP)

“La violencia es una constante en la vida de un gran número de personas en todo el mundo, y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a salvo consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar lugares peligrosos. Para otros, no hay escapatoria, porque la amenaza de la violencia está detrás de esas puertas, oculto a los ojos de los demás. Y para quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la vida”.

Dra. Gro Harlem Brundtland[1].

La violencia y el grado de inseguridad ciudadana imperante en América Latina alcanza proporciones epidémicas. Esa violencia y esa inseguridad, en lo económico y social, socavan por una parte las bases del sistema democrático y, por otra parte, drenan una enorme cantidad de recursos públicos y privados que son indispensables para el desarrollo y para el crecimiento con equidad.

En lo político, crean condiciones de inestabilidad y reacciones de grupos humanos contra causas y actores aparentes, contribuyendo a volver más erráticas algunas políticas gubernamentales y al deterioro adicional de instituciones públicas que deberían ser los pilares fundamentales para la contención y erradicación de la violencia.

El objetivo en este documento no es medir la cantidad exacta de violencia, sus costos o precisar los grados de inseguridad percibidos como consecuencia, cuestión escasamente posible por la imprecisión y dispersión de las fuentes de datos, sino más bien proponer una evaluación de los fenómenos y tratar, en la medida de lo posible, de proyectar sus consecuencias en el futuro inmediato y mediato.

El desarrollo de conductas violentas en zonas urbanas se ha convertido ya en una característica estructural de las sociedades latinoamericanas. Además de la violencia social y el incremento de actividades criminales, se asiste a una creciente ausencia de observación de muchas normas de convivencia civil expresada en una alteración de las “buenas prácticas” de interacción social que se observan en la calle, en el tránsito, en el transporte público, etc. y que tiene como una de sus características fundamentales la pérdida progresiva de tolerancia y un relacionamiento entre individuos que reviste características preocupantes.

Este fenómeno que contiene en sí mismo un germen de violencia, no recibe una atención demasiado generalizada. De hecho, no es espectacular, es progresiva y se instala en el campo social casi imperceptiblemente, aún cuando sus efectos son importantes y contribuyen a erosionar en su medida el relacionamiento social colectivo.

Es por esos fundamentos que, la violencia en general y la violencia urbana en particular se están convirtiendo en un punto de agenda importante para diversos actores sociales y políticos dentro de América Latina. La violencia es un fenómenos sistémico y como tal será observada en este documento, enfocada además como un fenómeno multicausal y multidimensional que es determinado por los aspectos particulares de las diferentes realidades nacionales en sus facetas históricas, políticas, socio económicas, educativas y culturales.

De esta manera, la consideración de la violencia urbana en este documento abarca más allá de sus manifestaciones específicas, incursionando adicionalmente en los motivos y procesos de construcción de la percepción y el sentimiento de inseguridad en la población y los cambios que provoca en la vida cotidiana de los individuos, familias y grupos sociales.

Desde esas perspectivas, algunas de las principales observaciones y conclusiones de este estudio nos muestran:

A comienzos del Siglo XXI la violencia es la primera causa de muerte en América Latina en la amplia faja que comprende a las personas entre los 15 y los 45 años. Esta violencia se ha extendido epidémicamente desde mediados de la denominada “década perdida” y no se limita a su letalidad, que es uno de sus aspectos, y tampoco ha parado de crecer hasta ahora. Más aún, no se visualizan elementos que, en el actual estado de cosas, contribuyan a mitigarla o reducirla rápidamente. De esta forma, las sociedades latinoamericanas se inscriben dentro de las más violentas del mundo, con la excepción de algunas sociedades africanas. Indudablemente, no todas las sociedades regionales exhiben un patrón homogéneo, existiendo algunas de ellas que excepcionalmente se inscriben dentro de los parámetros moderados, pero, son precisamente eso, excepciones. Extrayendo el caso de Colombia, paradójicamente, el resto de los países no experimentan situaciones de guerra internas o externas o episodios de violencia política significativos, como los desarrollados durante las décadas del setenta y del ochenta. Sin embargo, la letalidad registrada en el ejercicio de la violencia supera como se verá las bajas registradas en algunos frentes de guerra.

La violencia regional, en consecuencia, no es política. Es una violencia fundamentalmente urbana y con un componente criminal importante. Si bien no existe unanimidad sobre las causas, hay fuertes indicios en el sentido de indicar que gran parte de esta violencia parece derivar de un conjunto común de conflictos económicos y sociales fuertemente circunscripta a concentraciones urbanas. La violencia, en algunas ciudades y partes de ellas en América Latina, se ha vuelto una rutina cotidiana, introduciéndose como una realidad funcional inserta en la vida diaria de sus habitantes.

Dentro de esas consideraciones, la violencia se concentra fundamentalmente en las áreas urbanas más pobres y, al mismo tiempo, exhibe una incidencia fuerte en los jóvenes, iniciándose de hecho en edades tempranas, donde, la incidencia del consumo de alcohol y drogas es un factor que no puede ignorarse en su potencia de disparador de la violencia y factor criminógeno.

La condición de la niñez y juventud en la región exhibe un panorama bastante más que precario. Así, la “próxima generación” es una de las más activas protagonistas y receptores de la violencia. Únicamente en referencia a los homicidios, las tasas correspondientes a jóvenes, desempleados y de modesta condición son abrumadoras. Muchas veces, la violencia juvenil representa estrategias de supervivencia en un contexto realmente hostil por la ausencia de oportunidades, el desempleo y el involucramiento en situaciones con un fuerte potencial criminógeno. De acuerdo con los datos del Department of Injuries and Violence Prevention de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 se produjeron 199.000 homicidios en el mundo en individuos de entre 10 y 29 años, equivalentes a una tasa de 9.2 x 100.000 personas: el promedio variaba entre 0,9 x 100.000 en países de alto ingreso a 17,6 x 100.000 en África y 36,4 x 100.000 en América Latina. Krug ha estimado sobre estudios de violencia no fatal, que por cada homicidio juvenil hay entre 20 a 40 víctimas de violencia juvenil no fatal que necesitan tratamiento hospitalario.

La región experimenta, además, una percepción de riesgo y una sensación de inseguridad generalizada que comienza a provocar reacciones de distinta índole en varios de los países. Se trata de una situación compleja: la violencia se concentra mayoritariamente en los estratos socio económicos más deprimidos; la reacción fundamental contra la inseguridad se produce en el seno de la clase media; el Estado y sus órganos competentes no aciertan mayormente a contener la violencia y bastante menos todavía a la prevención en el medio y largo plazo. Esto provoca, progresivamente, la privatización de hecho de una función fundamental del Estado, dando origen y consolidando diferentes respuestas según las situaciones: agencias de seguridad privada, patrullas de vecinos, actos de justicia por mano propia, “orden” impuesto por los soldados del tráfico de drogas, por mencionar a los más notorios.

La violencia se expande y se instala cotidianamente en ámbitos que tradicionalmente funcionaban como lugares de contención y educación como las escuelas. Los hechos de violencia escolar grave, incluyendo el uso de armas, han comenzado a ser rutinarios en la región. La presencia del tráfico de drogas en recintos escolares y de enseñanza secundaria tampoco son hechos infrecuentes.

La violencia también se instala progresivamente en los espacios públicos: el vandalismo contra la propiedad pública y privada, violencia en espectáculos artísticos, en eventos deportivos y en fiestas y reuniones juveniles es un hecho cotidiano, transformando a muchos de esos espacios en “territorios hostiles”. Esto contribuye decisivamente en el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos y abona el cambio de actitudes vitales con respecto a esos espacios.

Se encuentra un notable incremento de la violencia relacionada con el tráfico y el consumo de drogas, especialmente en las grandes concentraciones urbanas. La droga, en especial cocaína, origina un enorme cúmulo de circunstancias generadoras de violencia: el enfrentamiento entre bandas de traficantes, de éstas con la policía, el incremento de actos de violencia y crímenes cometidos bajo la influencia de estupefacientes y los delitos cometidos para obtener dinero para su consumo, a vía de ejemplo. Observaciones recientes han mostrado una tendencia del tráfico a ampliar mercados dirigiéndose con productos de baja calidad y alta peligrosidad hacia jóvenes y población especialmente vulnerable en términos socio económicos.

El conjunto de hechos y tendencias analizadas muestran que se han producido y se producirán en el futuro inmediato y mediato una profundización en la gravedad de la situación si no se adoptan cambios de naturaleza drástica tanto en las políticas generales de seguridad, como en políticas tendientes a corregir causas de naturaleza cuasi estructural.

Junto al crecimiento de la violencia y en las proporciones que ella ha alcanzado, se patentiza y se hace evidente un conjunto de crisis íntimamente vinculadas entre sí y que, resumidamente pueden enumerarse de la siguiente manera: crisis en el sistema de contención estatal, crisis en los cuerpos policiales, crisis en la justicia penal y colapso de los sistemas carcelarios.

Se producen cambios de naturaleza “institucional” que resultan sumamente preocupantes como tendencia. Se trata de la supresión del control estatal en parcelas del territorio urbano que pasan a ser controladas por los agentes del crimen organizado, en particular los relacionados con el tráfico de drogas. De esta manera, en ciertos barrios se produce un entramado de relaciones complejas entre parte de la población y los “barones” del crimen organizado que recuerdan a ciertas estructuras medievales propias del feudalismo.

El armamento en manos de civiles ha crecido en forma sostenida en los últimos veinticinco años. Eso se refleja claramente en la letalidad de la violencia regional. Si bien se encuentran algunas políticas nacionales de mayor control y de retiro de armas en poder de la población civil, la consistencia y seriedad de ellas se ve afectada justamente por la escasa coordinación de las autoridades regionales y la dudosa seriedad y consistencia encarnada en las políticas nacionales de exportación de armamento ligero, que en ocasiones demasiado frecuentes es triangulada y reingresa al territorio nacional en forma directa al mercado negro. El contrabando y el porcentaje de armas clandestinas que tienen su origen en depósitos policiales o militares tampoco es un tema menor. Los agentes del tráfico de drogas en muchos lugares de América Latina están mejor armados que los cuerpos de seguridad encargados de reprimirlos. Tan abundante es el parque de armas clandestinas que, en algunos países se ha detectado el alquiler y aún el “leasing” de armas para el crimen.

Los costos económicos de la violencia adquieren magnitudes descomunales en la región, comprendiendo tantos los costos de prevención como los de reparación, a los cuales se suma el costo del capital humano perdido o lesionado y la pérdida de productividad derivada. El equivalente en puntos de PBI que esto insume son inversiones restadas precisamente al desarrollo del insumo humano, clave en el desarrollo de una región que lo necesita de forma urgente: educación, salud e infraestructura indispensable. Desde esta perspectiva, el estado de violencia conspira en forma directa contra el desarrollo nacional y regional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó oportunamente el conjunto de estos costos para el año 2000 en 168.000 millones de dólares, equivalentes al 14,2% del PBI regional.

Una consecuencia directa de la sensación de inseguridad y sus corolarios prácticos es una profundización en las grietas sociales, ahondándolas y profundizándolas. En muchos casos comienza a percibirse la “victimización de la pobreza”, ofreciendo un panorama oscuro en la proyección inmediata. Potentes combustibles de la violencia lo constituyen la desigualdad social y la segregación urbana con una constelación de problemas adicionales dentro de los cuales se inscriben el desempleo, la precarización del trabajo, el nada universal acceso a los servicios de salud, las deficiencias en el sistema educacional y su incapacidad de retener a muchos activos humanos valiosos y la incertidumbre económica.

Frente a la percepción de la insuficiencia de las respuestas estatales en materia de seguridad, comienzan a proliferar en varias partes de la región las manifestaciones de sistemas informales de justicia: ejecuciones policiales (los ya célebres “autos de resistencia”), justicia por mano propia, “matadores de alquiler”, patrullas civiles urbanas armadas, linchamientos, etc.

El conjunto del presente documento y los análisis en él contenidos no revisten una toma de posición así como tampoco un desarrollo ideológico sobre las causas de la violencia social. Debe entenderse como un primer aporte donde se fija un estado de situación, parcial de necesidad, tanto por los recursos disponibles así como por las limitaciones de muchas de las fuentes de información disponibles. Desde esta perspectiva, se trata de evitar en la medida de lo posible, ideologizaciones y denuncias que sobre abundan en el contexto regional insistiéndose en la incidencia y probables explicaciones que son, infelizmente, bastante menos frecuentes. De esta forma, el documento busca aportar a algunos de los escenarios de conflicto actuales y potenciales, con la intención que sea un aporte para el diseño de mejores políticas y materia prima para la toma de decisiones en temas particularmente sensibles para el conjunto de la sociedad. En documentos posteriores, se tratará de profundizar en aquellas constataciones que resultan más importantes.

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[1] Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General de la Organización Mundial de la Salud, en “Informe Mundial sobre la violencia y la salud”. Organización Panamericana de la Salud, Washington DC 2002.

(1) El Instituto Latinoamericano de Análisis del Conflicto (ILACON) www.ilacon.org tiene el agrado de anunciar la aparición del documento “América Latina: La Sociedad Sitiada”, en el marco de la Iniciativa Paz para el Desarrollo. Se trata de un documento de siete capítulos que enfoca el actual estado de la violencia social en América Latina y que se abre a discusión entre todos los interesados en el tema. Solicitando el documento por correo, el mismo será enviado por correo electrónico: infogral@ilacon.org - cslbrasil@grupocsl.org

El presente artículo es un Resumen Ejecutivo de dicho documento.