de Estados
Iberoamericanos
Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura
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Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
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| Revista Iberoamericana
de Educación Número 7 Educación y Democracia (1) |
| Informe elaborado y publicado por la Comisión Europea en
colaboración con el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas
(IRELA). Se publica con autoriazación del IRELA |
1. Los países y los pueblos de la Unión Europea están unidos a los de América Latina y el Caribe por muchas raíces comunes de carácter histórico, espiritual y cultural y comparten con ellos los valores e ideales de libertad, solidaridad, derechos humanos universales y Estado de derecho.
El éxito del proceso de América Latina y el Caribe hacia la paz, la democracia y el desarrollo sostenible ha reforzado su papel en la comunidad internacional al tiempo que Europa avanza en su proceso de unidad.
En el marco de nuestra política exterior y de seguridad común proponemos actuar conjuntamente con América Latina y el Caribe para propiciar una nueva colaboración entre ambas regiones destinada a mantener la paz, asegurar el respeto universal de los derechos humanos, incrementar los intercambios económicos equilibrados, fomentar el desarrollo sostenible, combatir la pobreza y la degradación del medio ambiente y estrechar los lazos científicos y culturales.
2. Rendimos tributo y apoyamos los esfuerzos emprendidos en el área para consolidar la democracia representativa y el Estado de derecho, modernizar las instituciones y mejorar la moral pública, abrir e integrar las economías y promover la justicia social. Si así se desea, estamos dispuestos a contribuir con nuestro asesoramiento y experiencia y, en caso necesario, con nuestra ayuda.
3. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la participación de todos los ciudadanos en la configuración del futuro político y en el progreso económico y social de su país son vitales para el desarrollo pacífico, tanto a nivel nacional como internacional.
En consecuencia, condenamos todas las violaciones de los derechos humanos y pedimos el castigo de los responsables. Se debe velar mediante una actuación decidida y una administración eficaz de la justicia para que las violaciones de los derechos humanos no queden impunes.
4. El control de las Fuerzas Armadas por la autoridad civil constitucional es fundamental para la estabilidad interna de todos los Estados, su participación en la cooperación internacional y la consolidación de la paz en la zona.
Alentamos aquellos intentos encaminados a que las Fuerzas Armadas tengan un nuevo papel orientado al futuro, que apoye los esfuerzos internacionales en la búsqueda de la paz y la seguridad.
5. Reconocemos los recientes progresos de nuestros asociados en lo que respecta al desarme y al control de armamentos, la no proliferación y el control de las exportaciones sensibles. Instamos a los países que todavía no han ratificado el Tratado de Tlatelolco a que lo hagan pronto, y a los que aún no son parte del Tratado de no proliferación les alentamos a que se adhieran a él. Invitamos a todos los países a que apoyen la ampliación indefinida e incondicional del Tratado de no proliferación. Aplaudimos el diálogo iniciado sobre las medidas para fomentar la confianza, al que podemos aportar la experiencia concreta europea.
6. Expresamos nuestra satisfacción ante la importancia que ha adquirido la Organización de los Estados Americanos en la defensa de la democracia representativa y los derechos humanos y en la lucha contra la pobreza. Apoyamos plenamente sus acciones para asegurar unas elecciones libres y democráticas.
Valoramos y apoyamos los esfuerzos en pro de la paz realizados por las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos así como por los grupos de Estados amigos en América Central y el Caribe. Reiteramos nuestra disponibilidad para contribuir a reintegrar a los refugiados y excombatientes en la vida civil.
7. Acogemos con agrado las grandes contribuciones de los países de América Latina y el Caribe para mantener la paz mundial y la seguridad internacional y afrontar los retos globales de nuestra época, así como para proporcionar mayores medios a las Naciones Unidas para el desarrollo de sus tareas fundamentales. Proponemos que se intensifique el diálogo sobre estos asuntos.
8. Tomamos nota, con especial satisfacción, de los procesos de integración regional y subregional que se están llevando a cabo en América Latina y el Caribe y reiteramos que estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia en este ámbito.
Nos proponemos profundizar el diálogo y la cooperación entre la Unión Europea, el Grupo de Río, América Central (San José) y Mercosur, ampliar los temas de debate y destacar los aspectos políticos de este diálogo. Estamos dispuestos a iniciar y a fortalecer el diálogo y la cooperación con otras agrupaciones regionales y subregionales, así como con cada país por separado.
Estamos resueltos a proseguir con nuestros asociados del Caribe la cooperación prevista en el Convenio de Lomé.
Saludamos la reciente creación de la Asociación de los Estados del Caribe.
9. El fomento del comercio y las inversiones seguirá siendo la piedra angular de las relaciones con nuestros asociados de América Latina y el Caribe. Acogemos calurosamente el éxito de la Ronda Uruguay y la creación de la Organización Mundial del Comercio. Abogamos por un aumento dinámico de los intercambios comerciales entre Europa y los mercados emergentes en América Latina, especialmente mediante la rápida aplicación de reducciones arancelarias y la supresión de los obstáculos comerciales.
Apoyamos nuevas medidas nacionales e internacionales y la celebración de acuerdos por parte de los Estados miembros, para fomentar y proteger las inversiones y las mejoras del clima inversor en general. Esto supone incrementar la seguridad jurídica y desarrollar la legislación sobre propiedad intelectual.
Reconocemos el importante papel del «programa de colaboración para la inversión de la Comunidad Europea» en el fomento de empresas conjuntas.
Nos proponemos utilizar al máximo los acuerdos de cooperación de tercera generación de la Unión Europea con países y agrupaciones regionales de América Latina. Estamos dispuestos a iniciar las conversaciones sobre acuerdos nuevos y más ambiciosos que reflejen el potencial económico de nuestros asociados y sus sistemas de integración en formación.
10. Aprovechando el marco bien fundado de la política de desarrollo de la Unión Europea y sus Estados miembros, nos ofrecemos para seguir acompañando a los países asociados interesados en las reformas en América Latina y el Caribe en su camino hacia un desarrollo sostenible.
Nuestra cooperación, basada en el principio de contribuir con nuestra ayuda a los esfuerzos de cada país, pretende ampliar las bases del progreso económico y la justicia social, la democracia y los derechos humanos. Nuestra ayuda debería beneficiar, sobre todo, a los grupos sociales más desfavorecidos, incluidas las poblaciones indígenas, e incrementar su capacidad para preservar su identidad cultural y mejorar su situación económica y social.
Destacamos el importante papel del Banco Europeo de Inversiones como instrumento de cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe.
11. Consideramos que seguir estrechando los lazos culturales con nuestros asociados e incrementar los intercambios a todos los niveles es tarea de importancia política fundamental. Insistimos en la idea de una cooperación cultural con un espíritu de colaboración en pie de igualdad, ofreciendo a los países de América Latina y el Caribe mayores oportunidades para que difundan sus culturas en Europa y contribuyendo a la preservación de su patrimonio cultural.
Deseamos estrechar aún más la cooperación en educación, ciencia y tecnología.
12. De conformidad con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, dedicamos una especial atención a la cooperación sobre asuntos de medio ambiente en apoyo del desarrollo sostenible. Queremos unir nuestros esfuerzos a los de nuestros asociados en América Latina y el Caribe para conservar los ecosistemas en peligro, en particular los bosques tropicales.
Estamos dispuestos a contribuir con una tecnología moderna que no perjudique al medio ambiente, probada y aplicada en Europa y en todo el mundo, con el fin de aliviar la situación de los habitantes de las grandes aglomeraciones urbanas, rehabilitar los complejos industriales existentes y construir otros nuevos con arreglo a las normas medioambientales modernas.
13. Estamos dispuestos a intensificar la cooperación con nuestros asociados en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y delitos afines. Los países en los que se produce o consume droga, o los que sirven para su tránsito, deben compartir la responsabilidad en la lucha contra las causas del problema. Para ello se requiere un programa equilibrado de desarrollo alternativo, aplicación de la ley y reducción de la demanda.
Con el fin de apoyar los constantes esfuerzos de los países andinos y de América Central en la lucha contra la droga estamos examinando actualmente si puede prorrogarse a favor de dichos países el régimen especial del sistema de preferencias generalizadas.
14. Deseamos fomentar el diálogo entre los parlamentos de Europa, América Latina y el Caribe.
Asimismo, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones no gubernamentales activamente interesadas en América Latina y el Caribe y a los ciudadanos de ambas regiones para que incrementen sus intercambios como muestra de solidaridad entre los pueblos.
El Tratado de Maastricht confía a la Unión Europea (UE) la tarea de desarrollar una política exterior y de seguridad común (PESC). Partiendo de esta última, el Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, del Consejo Europeo, tiene por finalidad reafirmar el compromiso sostenido de Europa de ampliar y profundizar las relaciones con sus socios de América Latina y el Caribe, así como reiterar la voluntad europea de llevar adelante iniciativas conjuntas basadas en una sólida agenda birregional. Con objeto de debatir esta agenda, la UE desea intensificar el diálogo y la cooperación con agrupaciones regionales y subregionales e, individualmente, con países.
Desde su institucionalización, mediante la Declaración de Roma del 20 de diciembre de 1990, el diálogo UE-Grupo de Río ha contribuido al logro de objetivos birregionales específicos.
· Como mecanismo de consulta y cooperación política entre regiones, este diálogo reviste carácter único, y ha dado lugar a una cooperación que, trascendiendo de los temas birregionales, se extiende a asuntos de orden general. Las dos partes han forjado un conjunto de principios comunes que les permite afrontar problemas globales, así como una visión colectiva sobre diversas cuestiones internacionales, como democracia y adecuada gestión gubernamental, defensa de los derechos humanos, no proliferación de armamentos, protección del medio ambiente y coordinación de posturas en los foros internacionales.
· Algunas dificultades en materia de comercio deben aún ser solventadas por medio del diálogo recíproco; en ciertos sectores (notablemente la agricultura), América Latina ha expresado su profunda inquietud ante el «proteccionismo» europeo. Conviene señalar, no obstante, la marcada disminución del número de diferendos en el comercio birregional. De hecho, de los 20 países comúnmente englobados en la denominación «América Latina», no menos de nueve tienen en le UE su principal mercado de exportación, mientras que, desde una perspectiva europea, América Latina ha supuesto a partir de 1990 un 12% del crecimiento de las exportaciones mundiales de la UE.
· En el ámbito de la integración, la cooperación de la UE incluye diversos proyectos de envergadura relacionados directamente con el Grupo de Río. La Comisión Europea ha apoyado varios programas regionales de integración entre los países del Grupo de Río, así como la trasferencia de conocimientos en materia de integración y diversas actividades de formación. Ningún otro socio externo ha respaldado tan consistentemente la integración latinoamericana: aportando fondos y experiencia, y suministrando, al mismo tiempo, un modelo logrado de integración.
· En parte como consecuencia de los debates UE-Grupo de Río, las directrices relativas a la extensión de las operaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a América Latina y Asia fueron aprobadas en 1992. Durante el período 1993-1995, el BEI podrá financiar inversiones en ambas regiones por un monto de 750 millones de ECUs, de los cuales cerca de la mitad se destinará a América Latina. Con ocasión de la III Reunión Ministerial Institucionalizada de abril de 1993, los ministros de ambas partes llamaron la atención sobre el significativo papel que el Banco puede desempeñar en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en América Latina.
Las reuniones UE-Grupo de Río han demostrado ser un foro decisivo de indudables beneficios para ambas partes. Para la UE, este diálogo constituye un medio genuinamente europeo de promover la estabilidad política y el desarrollo económico en otras regiones del globo, y de impulsar las iniciativas de integración fuera de Europa. Por otro lado, las ventajas de una acción concertada mediante el diálogo a nivel de grupos no son ajenas a América Latina; el tratar con la UE y sus Estados miembros como conjunto ofrece una mejor posición negociadora con vistas a obtener apoyo económico y político.
En ambas regiones, el diálogo ha posibilitado la transformación de la comprensión mutua en un espíritu común que impulse la acción birregional en asuntos de interés recíproco. Sustentados en los firmes lazos históricos resultantes de las afinidades culturales, los principios colectivos de esta cooperación a nivel de grupos -en lo concerniente a democracia, derechos humanos, seguridad internacional y otras cuestiones de muy diversa índole-, están más hondamente arraigados en éste que en cualquier otro diálogo entre la UE y otras regiones del mundo.
La UE y el MERCOSUR han mantenido durante mucho tiempo una relación especial, la cual no ha dejado de fortalecerse. La UE es el principal socio del MERCOSUR en materia de comercio e inversión, mientras que el Cono Sur como subregión ocupa un lugar claramente prioritario en las relaciones de la Unión con América Latina. De hecho, dado que Europa es también el principal socio económico de Chile, la UE ha considerado favorablemente las recientes propuestas de un acercamiento entre este país y el MERCOSUR, y acogería con sumo agrado un subsiguiente acceso de Chile a este esquema de integración.
Los vínculos comerciales birregionales presentan ya una gran solidez. La UE provee una cuarta parte de las importaciones de la subregión, y es destino de más de una cuarta parte de sus exportaciones. En 1993, el superávit registrado por el MERCOSUR en sus intercambios con la UE totalizó 2.600 millones de dólares. Respecto a Chile, la UE constituye, con gran diferencia, el principal mercado para este país, adquiriendo una cuarta parte de sus exportaciones. En 1993, tan sólo Chile registró con la UE un superávit comercial superior a los 400 millones de dólares.
La UE es asimismo la principal fuente de inversiones directas en el MERCOSUR, con un 36% del capital total. Alrededor del 40% de los bancos que operan en la región son europeos. Por otra parte, la proporción de compañías europeas en el MERCOSUR ha aumentado sustancialmente en los últimos años, alcanzando en Argentina un 50% de las principales empresas transnacionales. Las cifras más recientes revelan también un marcado incremento (213 millones de dólares en 1992) de la inversión europea en Chile -que como porcentaje supone, por un amplio margen (25%), la mayor progresión de la inversión europea en América Latina-.
Todos los países del Cono Sur han firmado con la UE acuerdos de tercera generación y se benefician de programas comunitarios de promoción de los vínculos empresariales birregionales. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay tienen acceso a la base de datos BC-Net, que brinda a las compañías información sobre oportunidades de creación de empresas conjuntas con firmas europeas. Chile es, además, sede del primer centro de cooperación empresarial que la UE creó en América Latina, incluso antes de que el programa comunitario de fomento de inversiones para la región, AL-INVEST, fuera operativo.
En atención a tales consideraciones, la perspectiva de un acuerdo de libre comercio entre la UE y el MERCOSUR ha sido acogida con beneplácito a ambos lados del Atlántico. La UE estudia en la actualidad un documento de la Comisión Europea de octubre de 1994 sobre las vías para potenciar la política comunitaria hacia el MERCOSUR. Dicho documento propone la firma por ambas partes de un acuerdo marco interregional sobre comercio y cooperación, como primera etapa en un proceso que podría conducir a un acuerdo de libre comercio. La perspectiva de esta zona de libre comercio aporta una nueva y radical dimensión a las relaciones europeo- latinoamericanas.
Un acuerdo de esta índole otorgaría al MERCOSUR acceso privilegiado a su principal -y creciente- mercado externo. Es probable, por otra parte, que un acuerdo de asociación ofrezca a esta subregión mayor acceso a la tecnología europea, contribuyendo así a impulsar su competitividad y a acelerar la inserción de sus miembros en la economía mundial, estimulando a la vez el proceso interno de integración.
La nueva era de las relaciones europeo-andinas, puesta en marcha con la firma de un acuerdo de tercera generación en abril de 1993, se cimenta en una tradicional relación mutua. Los primeros contactos entre las naciones e instituciones de integración de la región andina y la Comisión Europea se remontan a 1970, tan sólo un año después de la creación del Pacto. De hecho, el acuerdo de cooperación firmado con el Pacto Andino en diciembre de 1983 fue el primero concluido por la UE con una subregión latinoamericana.
En la subregión andina, la UE se ha mostrado singularmente activa en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el comercio de drogas. Los países del Pacto Andino han sido los mayores receptores de los fondos comunitarios asignados al «Medio ambiente en los países en vías de desarrollo». La extensión de la cooperación europea sobre drogas al ámbito del comercio reviste especial importancia. Desde 1991, se ha concedido acceso especial al mercado europeo a las exportaciones de todos los Estados andinos, con excepción de Venezuela, con el fin de promover alternativas al cultivo de la coca. Todos los bienes industriales y la mayor parte de los productos agrícolas de estos países ingresan en la UE libres de derechos. Esta innovación, sin precedentes en la política comercial de la Unión hacia América Latina, ha demostrado ser un valioso instrumento en los esfuerzos de diversificación de exportaciones.
Tras la revisión, en 1987, de las regulaciones sobre inversión extranjera en el Pacto Andino, los países de la UE se convirtieron en la primera fuente de inversiones en la subregión.Entre 1985 y 1991, los flujos procedentes de los países europeos se aproximaron a los 700 millones de dólares, contrastando con el proceso de desinversión de otros socios económicos. En 1992, los Estados miembros de la UE contribuyeron con una tercera parte, aproximadamente, de los flujos de inversión a la región andina.
Por otro lado, los Estados miembros de la UE son, con diferencia, la primera fuente de cooperación para los países andinos, habiendo contribuido desde 1980 con unos 5.000 millones de dólares, más de la mitad de los aportes totales. En ese mismo periodo, la cooperación bilateral de los Estados miembros ha beneficiado al Pacto Andino en mayor medida que a otras subregiones latinoamericanas; en efecto, los países andinos recibieron más de un tercio del total para la región.
Reconociendo la evidente importancia recíproca de México y la UE como socios económicos, el Consejo Europeo, durante la Cumbre de Corfú de junio de 1994, se felicitó por el ingreso de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y expresó su deseo de fortalecer los lazos económicos y políticos con este país. Un documento elaborado ulteriormente por la Comisión Europea sobre el futuro de los vínculos UE-México atestigua el deseo de la Unión de ahondar en esta relación: el diálogo político será reforzado, y un nuevo marco para el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales se halla en estudio.
El comercio mutuo registra ya un gran dinamismo. Por un lado, Europa representa el segundo mercado de exportación para los productos mexicanos; por otro, México es el mayor mercado para las exportaciones de la UE al conjunto de América Latina, de las que adquiere alrededor de una cuarta parte. Entretanto, los intercambios comerciales prosiguen su aumento: entre 1990 y 1993, el valor de las ventas europeas a México ha ascendido en no menos de un 50%.
La UE es, por otra parte, la segunda mayor fuente de inversión directa en México, con cerca de un 20% del total para 1990-1993. También en este caso se observa un gran dinamismo; durante el último decenio, el crecimiento de la inversión europea en México ha sido muy superior al de los flujos procedentes de otras fuentes. Asimismo, se espera que la inversión directa europea siga incrementándose, como quiera que la participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) ofrece garantías adicionales para la inversión y reafirma la posición del país como enlace con los mercados latinoamericano y caribeño.
México es, igualmente, uno de los principales beneficiarios de la cooperación de la UE. Ambas partes firmaron en abril de 1991 un acuerdo de tercera generación que, además de la concesión mutua del trato de nación más favorecida, establecía la cooperación en los ámbitos de desarrollo industrial, transferencia de tecnología y protección del medio ambiente. Consiguientemente, por lo que respecta a la promoción de la actividad empresarial, México es el país latinoamericano que más se ha beneficiado del programa European Community Investment Partners (ECIP), que apoya la creación de empresas conjuntas. Por otra parte, en noviembre de 1989, México se convirtió en el primer país extracomunitario en tener acceso a la red BC-Net.
Durante una década, la UE ha mantenido un diálogo fructífero y de provecho mutuo con América Central: el Proceso de San José. Desde una perspectiva europea, este proceso proporcionó a la UE la ocasión de contribuir a la solución pacífica de los conflictos en el Istmo, propiciar la democracia y la integración en la región, sustentar la reconstrucción económica y favorecer la reconciliación nacional. Como consecuencia de ello, la UE cuenta con una firme presencia en una América Central pacificada, donde su ausencia era notoria.
El Proceso de San José fue importante no sólo en la propia búsqueda centroamericana de una salida pacífica a la crisis que marcó el último decenio, sino también por presentar una dimensión económica fundamental que se acrecienta a medida que la paz se consolida. El marco actual para esta relación económica viene dado por un acuerdo de tercera generación, que incluye una programación plurianual y ofrece instrumentos de cooperación de una gran diversidad.
Así pues, la cooperación de la UE se ha intensificado sin cesar. En valores per cápita, Centroamérica es el mayor receptor de cooperación europea a nivel mundial. Los fondos otorgados por la Comisión Europea han ascendido, tan sólo desde 1991, en un 29%. Esta suma representa, además, cerca de un 40% de la cooperación total de la Comisión con América Latina. Los flujos de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de los Estados miembros han aumentado, a su vez, de 110 millones de dólares en 1985 a casi 350 millones en 1992.
Por lo que respecta al comercio, la UE extendió a América Central preferencias similares a aquéllas concedidas previamente a los países andinos. Estos privilegios, que otorgan acceso libre de derechos a prácticamente todos los productos agrícolas y pesqueros centroamericanos (con excepción del banano), se han revelado de gran utilidad como medio para ampliar el acceso al Mercado Único Europeo. Significativamente, las preferencias incluyen el café, que supone para El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua entre un 70% y un 90% del total de exportaciones cubiertas por el programa.
Habiendo contribuido de modo decisivo a la pacificación del Istmo (los acuerdos de paz de Esquipulas hacen mención de la participación de la UE en el proceso de paz), Europa también ha desempeñado un papel fundamental en el continuo avance de la integración centroamericana y en la reincorporación de esta subregión a la economía internacional.
El Convenio de Lomé establece un régimen de preferencias comerciales particularmente favorable para el comercio de los Estados caribeños. Al brindar virtualmente a todas sus exportaciones libre acceso al mercado europeo, garantizar las importaciones de azúcar y ofrecer fondos de promoción de exportaciones, las preferencias comerciales se han constituido en una valiosa fuente de divisas y en una red de seguridad vital para aquellos pequeños Estados insulares dependientes del monocultivo. Para muchos países caribeños, han sido cruciales al respecto los fondos ofrecidos dentro del sistema STABEX, que permiten compensar la caída de los precios mundiales de productos agrícolas. Los recursos asignados al STABEX se han incrementado sustancialmente en Lomé IV, alcanzando 1.500 millones de ECUs -un 62% más de lo previsto en un principio para Lomé III-.
De hecho, los recursos totales suministrados en el marco de Lomé a los Estados del Caribe, de África y del Pacífico han registrado un formidable aumento desde el primer Convenio de 1975. Los 3.400 millones de ECUs de Lomé I ascendieron a 12.000 millones para el periodo 1990-1995 cubierto por Lomé IV. Por otro lado, con la firma de Lomé IV en 1989 por parte de Haití y la República Dominicana, los beneficios del Convenio se extendieron a la mayor parte de los países del Caribe. Es de esperar que la inminente revisión, a mitad de periodo, de Lomé IV afianzará la política de desarrollo de la UE sobre las necesidades genuinas de los países en desarrollo en los años noventa, más que sobre los vínculos coloniales.
El Fondo Europeo de Desarrollo ha apoyado importantes programas de cooperación, de singular provecho para los pequeños países de menor desarrollo de la subregión. La magnitud de esta cooperación, objeto de un reconocimiento general, ha sido comparada en términos muy halagüeños con la asistencia de otras fuentes. La financiación europea en términos concesionarios ha incidido notablemente en el desarrollo de infraestructuras en el Caribe; cabe señalar que, en la actualidad, la UE es la primera fuente de este tipo de financiación en la subregión.
Una de las innovaciones esenciales de Lomé IV reside en el énfasis otorgado al fomento del sector privado en los países beneficiarios. Éste es un factor crítico en los Estados caribeños, cuyo sector empresarial tiene una aguda conciencia de su importancia en el logro de un desarrollo sostenible. Además de la asistencia técnica y de los fondos de ajuste estructural aportados a este fin, la UE ha incrementado el nivel de capitales de riesgo hasta 825 millones de ECUs. Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones ha sido autorizado a participar en las instituciones caribeñas que financian la inversión privada.
Adicionalmente, los Estados caribeños se benefician en gran medida de los 1.200 millones de ECUs asignados en Lomé IV a la promoción de la integración regional. El Programa Regional del Fondo Europeo de Desarrollo ha prestado un apoyo decisivo a las instituciones regionales de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Lomé ha impulsado en la CARICOM la acción conjunta y la negociación como grupo con la UE. Puede afirmarse que este impulso, sumado al apoyo europeo a este tipo de acciones colectivas en Centroamérica y el Gran Caribe (y al propio modelo comunitario de integración), contribuyó al proceso que culminó en la reciente creación de la Asociación de Estados del Caribe, cuyo potencial cabe destacar como importante agrupación comercial en la que Europa, mediante sus lazos tradicionales con la subregión, tendría considerable interés.
Las respuestas que Europa y América Latina están aportando a los desafíos de un nuevo sistema internacional incluyen un esfuerzo resuelto por profundizar las relaciones birregionales. En el terreno de la consulta política, los diversos diálogos interregionales constituyen estructuras crecientemente sólidas para la cooperación en iniciativas conjuntas sobre asuntos internacionales. Los valores y objetivos comunes han hecho de estos diálogos foros decisivos para el desarrollo común de auténticas políticas birregionales.
Para Europa, América Latina representa un mercado dinámico en expansión que concitará una mayor atención en el futuro. Para América Latina, la UE sigue siendo el segundo socio comercial en importancia (en el caso de varios países, el primero).
Las previsiones a largo plazo para la inversión birregional son alentadoras. Europa contribuye con alrededor de una tercera parte de la inversión directa en América Latina, posee una tercera parte del capital invertido y, en varios países, es la primera fuente de inversiones.
El avance de la integración a uno y otro lado del Atlántico genera mercados más amplios para el comercio, mayores oportunidades de inversión y una base más firme para un diálogo entre grupos en el que, progresivamente, cada región se exprese con una única voz.
Igualmente alentadores son los vínculos de cooperación económica y al desarrollo. Europa sigue siendo, con diferencia, el principal donante de América Latina, y los compromisos de ayuda europea correspondientes a 1993 presentan notables incrementos en los sectores primordiales de cooperación. Al mismo tiempo, se consolidan nuevos instrumentos, más ajustados al nuevo momento de las relaciones entre la UE y países y subregiones latinoamericanos, así como a la evolución de la economía mundial.
En el proceso de reforzar su propia competitividad e influencia en el nuevo orden mundial, ninguna de las dos regiones puede permitirse desatender a su contraparte. Por el contrario, la evolución dentro de cada una de ellas obedecerá al continuo robustecimiento de los vínculosentre ellas, los cuales representan hoy una auténtica cooperación para la acción.
(1) Aprobado por el Consejo de la Unión Europea bajo la Presidencia del Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Dr. Klaus Kindel. Luxemburgo, 31 de octubre de 1994
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