Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
Revista
Iberoamericana de Educación Número 12 - Educación y Gobernabilidad Democrática |
Los Ministros y Ministras de Educación de los Países Iberoamericanos, convocados por el Ministerio de Educación de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), nos hemos reunido en Concepción, Chile, los días 24 y 25 de septiembre de 1996, en el marco de la VI Conferencia Iberoamericana de Educación, con el fin de examinar las formas concretas en que la educación puede contribuir a consolidar la democracia y asegurar su gobernabilidad.
Nuestra propuesta es un aporte a la reflexión de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno sobre La Gobernabilidad para una Democracia Eficiente y Participativa, y también, una exhortación a todos los sectores del ámbito político, social y educativo para que promuevan acciones destinadas a la integración de valores democráticos en el quehacer educativo.
La democracia, como forma de gobierno generalizada en la región, es la única adecuada para asegurar una convivencia pacífica y el pleno respeto a los derechos esenciales de las personas.
La consolidación de la democracia se está produciendo en nuestros países en un momento de transformaciones profundas en la economía, la sociedad, la cultura y la política, derivadas de un proceso de globalización que compromete al mundo entero.
La gobernabilidad presenta un triple desafío: la promoción y consolidación de un desarrollo socioeconómico equitativo, sostenido y sustentable; la profundización y ampliación de los procesos de integración regional y la inserción de nuestros países en un mundo de rápidas transformaciones tecnológicas y productivas.
Para asegurar la gobernabilidad democrática es esencial la recuperación de la política como dimensión constitutiva del ser humano en sociedad, como actividad noble y necesaria; en este sentido, el servicio público y la función pública deben recuperar prestigio, nobleza, respeto y cuidado, para que proyecten sobre la sociedad una imagen positiva y necesaria para el aprecio por la vida pública y por la política.
En este contexto consideramos que la educación debe contribuir de una manera esencial a la gobernabilidad democrática como factor de desarrollo, como agente de socialización de valores, como impulsora del ascenso y la promoción social de las familias y personas, y finalmente, como medio esencial de cohesión e integración socio-cultural.
La educación debe contribuir al desarrollo preparando personas adecuadamente cualificadas, y formando ciudadanos arraigados en la cultura cívica democrática.
La educación para la democracia exige, por una parte, profesores y profesoras que no sólo transmitan sino que practiquen junto con los alumnos, los valores democráticos; por otra, que las familias participen en la formación para una ciudadanía democrática.
Es esencial el papel de los medios de comunicación social en el fortalecimiento de una cultura cívica que asegure la gobernabilidad democrática.
Es imprescindible la formulación de políticas de Estado que permitan concertar con los medios de comunicación estrategias de educación para la ciudadanía.
La educación democrática exige educar para fortalecer las instituciones, evitar la corrupción y otras conductas antisociales, como la evasión fiscal, que debilitan la democracia.
Hacer efectivo el ejercicio del derecho a una educación básica de calidad para todos es una condición para la gobernabilidad democrática. Por lo tanto, resolver los problemas de cobertura y de calidad de ese nivel constituye la más alta prioridad.
Es una necesidad que la educación media amplíe substancialmente su cobertura y mejore su calidad. Es urgente que se arbitren los medios que permitan el acceso a la educación superior de las personas con capacidad y mérito para ello, con independencia de su origen socio-económico.
Deben reforzarse las políticas de educación compensatoria dirigidas a los grupos más vulnerables de la sociedad de tal manera que la educación contribuya efectivamente a la superación de la pobreza.
La atención a las personas adultas es indispensable para contribuir a que hombres y mujeres desarrollen sólidos valores democráticos.
Asimismo es necesario dar los pasos para lograr el objetivo de una educación permanente.
Un sistema educativo es legítimo si engendra confianza en sus propias instituciones. Para ello es preciso que exista un consenso básico entre todos los actores sociales y políticos sobre diversos aspectos: en primer lugar, sobre los contenidos de la educación, es decir, sobre qué enseñar, lo que implica acordar y profundizar un currículo básico de alcance nacional; en segundo lugar, a quién enseñar, lo cual obliga hacer realidad el derecho a la educación que se deriva de los principios de igualdad y equidad; en tercer lugar, cómo enseñar, promoviendo una pedagogía que considera la participación de alumnos, padres y profesores, como un aspecto central del sistema educativo; en cuarto lugar, cómo gastar, lo que implica no sólo disponer de más recursos, sino también administrarlos mejor, introduciendo la rendición de cuentas en la política del gasto y la responsabilidad por los resultados.
Corresponde al Estado, como garante de una educación equitativa y de calidad, no sólo la creación de los cauces jurídicos de participación, sino también la elaboración de políticas de fomento y de estímulo de la misma, especialmente las que se relacionan con la constitución de consejos escolares y la formación para la participación.
Las consideraciones anteriores hacen recomendable poner en práctica las siguientes acciones en orden al desarrollo de una educación para la democracia y la gobernabilidad de los sistemas educativos:
Incorporar en el proyecto educativo objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática en todos los niveles educativos para la formación de personas éticas, con conductas solidarias y de probidad.
Fortalecer y ampliar la enseñanza de la historia orientando su enfoque hacia el conocimiento, la comprensión y unión de los pueblos, para que contribuya a la cultura política de la sociedad, la interculturalidad y la propia identidad.
Favorecer la participación de estudiantes, familias y docentes en la tarea de concebir y poner en práctica programas educativos orientados a formar ciudadanos democráticos.
Promover la participación activa de los medios de comunicación en el fortalecimiento de una cultura cívica, que asegure la cooperación con el sistema educativo en una estrategia de educación para la ciudadanía.
Para lograr los propósitos anteriormente enumerados es indispensable alcanzar un acuerdo social que permita proveer los recursos financieros que se requieren.
Si esto no ocurre habrá contradicción entre el discurso y la realidad, produciéndose frustración y pérdida de credibilidad.
Concepción, 25 de septiembre de 1996
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